Poco antes de asumir la presidencia de México, Vicente Fox promete esclarecer los acontecimientos de Tlatelolco. Dice que quiere “llegar hasta las últimas consecuencias”.
27 de noviembre de 2001: Fox emite un acuerdo en el que ordena que se tomen algunas medidas para que se imparta justicia en todos los casos denunciados.
En dicho acuerdo se plantea que los hechos contra los "presuntos desaparecidos" por motivos políticos, "exigen una respuesta contundente y clara de la autoridad para dar a conocer la verdad, sanar viejas heridas y establecer nuevos pactos".
Se establece una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Entre las acciones ordenadas por el gobierno federal está la de solicitar al Procurador General de la República que nombre a un fiscal para investigar las denuncias.
Año 2002
4 de enero: se designa a Ignacio Carrillo Prieto para dirigir la Fiscalía Especial.
22 de febrero: Siguiendo las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República (PGR) inicia una averiguación para investigar la matanza.
Días después, Ignacio Carrillo Prieto llama a declarar a Echeverría y al general en retiro Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial. Ambos se acogen al derecho constitucional que les permite abstenerse de declarar en su contra.
3 de julio: por primera vez, un ex presidente mexicano declara ante un fiscal por su presunta responsabilidad en la matanza estudiantil.
Tras seis horas de responder y eludir casi 200 preguntas, Luis Echeverría, de 80 años y acompañado por un equipo de abogados, se excusa de continuar siendo indagado sobre otro hecho similar ocurrido el 10 de junio de 1971, conocido como la matanza del "Jueves de Corpus".
Soldados en operativo en 1968
Año 2004
Treinta y seis años después de la tragedia, Fox reitera su compromiso con el conocimiento de la verdad histórica sobre la matanza y afirma que con este fin se ponen a disposición de los ciudadanos los archivos relacionados con estos hechos.
En 2005, la Fiscalía Especial finaliza su informe y lo entrega al presidente de la comisión, Carrillo Prieto, quien no se lo hace llegar al presidente.
El informe llega a un grupo de defensores de los derechos humanos y después a la prensa.
El documento es contundentemente revelador. Allí se concluye que oficiales del Ejército mexicano habían secuestrado, torturado y asesinado a cientos de sospechosos de "actividades subversivas" entre 1962 y 1982, el período de la llamada "guerra sucia".
Los autores del informe en cuestión plantean que "la actitud autoritaria con la cual el Estado mexicano deseaba controlar a la oposición, creó una espiral de violencia que (...) llevó a que se cometieran crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio".
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